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Acoso

En Gijón asistimos a una nueva demostración de cómo el toreo se halla en la más absoluta indefensión. Cualquier artimaña basta para tumbarnos, y además desde la más flagrante impunidad.

Lo he repetido hasta la saciedad: luchamos contra un enemigo de radicalidad feroz, que para colmo se ampara en los privilegios que emanan de las instituciones públicas a las cuales representan. O sea, la política utilizada para el abuso de poder, avalado por un fanatismo ideológico que no duda en acometer la purga de disidentes que sea necesaria.

Para la agenda de la secta todo es válido, y la estrategia de la tal Ana González es idéntica a la que adopta el resto de la caterva animalista. No hace mucho hemos visto las imágenes de cérvidos agonizando en capturaderos, sin distinguir las hembras y las crías de los machos, y además durante el ciclo reproductivo; pero ello se daba por bien empleado antes que permitir la caza en los Parques Naturales, con sus cupos establecidos, sus días hábiles y sus periodos de desveda. De igual modo, es conocido el posicionamiento de estos sujetos a favor de la desaparición del toro de lidia, si ello se produce como consecuencia del fin de la tauromaquia.

Pues bien, ahora la alcaldesa de Gijón no ha dudado en encargar un informe técnico del estado del coso gijonés que aborte la celebración de festejos taurinos, aunque ello impida la celebración de otro tipo de eventos que ella misma tenía previstos, pero que no ha dudado en sacrificar al comprobar que era la única manera de eliminar cualquier tipo de posibilidad de que hubiese toros en Gijón. O sea, el revanchismo elevado al nivel de lo absurdo.

Pero hay algo aún más grave, y esto es, por un lado, la gratuidad de la farsa. Todo el mundo sabe a qué obedece el encargo de este informe que contradice el elaborado hace sólo unos meses; pero sin embargo, esta señora no tiene el más mínimo pudor en perpetrar semejante pantomima envuelta en una apariencia de rigor que no se cree ni ella misma. La mentira -Pedro Sánchez mediante- ha dejado de tener coste electoral y hasta judicial en este país.

Y todavía más escandaloso -y yo diría que inquietante- es el hecho de que aquí nadie se vea obligado a rendir cuentas. Es decir, de existir la más mínima posibilidad de que todo esto no fuese una patraña, una excusa pueril con tintes de pataleta, se estaría incurriendo en algo gravísimo. Ni más ni menos, admitir que se ha permitido hace muy pocos meses el acceso de más de 5.000 personas durante tres días seguidos a un edificio de titularidad pública, con graves riesgos para la seguridad del ciudadano. Si la Fundación del Toro de Lidia hace su trabajo, quizá alguien tenga que pagar por este acoso.

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